1. Identificación

 

Sobre los diversos Estados de Excepción declarados a partir de abril del 2021 hasta la actualidad, podemos comenzar hablando que esta medida fue adoptada en el Gobierno del entonces presidente Lenin Moreno en varias provincias de Ecuador entren ellas: Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Sucumbíos para combatir el auge de la violencia dichas provincias eran las más afectadas por los altos índices de criminalidad, todas ellas consideradas claves para las rutas del narcotráfico y como puntos críticos de violencia, el crimen organizado, que representaban una grave amenaza para la seguridad nacional. El Estado movilizó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para realizar operativos conjuntos, con el objetivo de recuperar el control en las zonas más conflictivas.

En el caso específico de Lenin Moreno (2017-2021), el gobierno enfrentó protestas sociales y ataques en zonas fronterizas, lo que llevó a la necesidad de movilizar al Ejército. En la administración de Guillermo Lasso (2021-2023), la escalada de violencia en ciudades como Guayaquil y el aumento de muertes violentas exigieron que el estado de excepción fuera implementado en varias provincias. Durante el periodo de Daniel Noboa (2023-actualidad), el enfoque sigue siendo la extensión del estado de excepción en las zonas de mayor conflicto.

Propósito:
El objetivo principal de esta acción fue restaurar el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, combatiendo de manera directa a las bandas criminales responsables de homicidios, extorsiones, secuestros y otras actividades ilícitas. Para ello, el Estado movilizó Fuerzas Armadas y Policía Nacional con facultades extraordinarias, como la realización de operativos de control, registro y vigilancia en zonas específicas.

Fundamento legal:
La Constitución ecuatoriana permite al Ejecutivo declarar un Estado de Excepción cuando la seguridad nacional está en riesgo debido a situaciones de grave conmoción interna, calamidad pública o amenaza externa. Este mecanismo otorga poderes adicionales al Gobierno, incluyendo la suspensión de ciertos derechos ciudadanos como la libertad de asociación o reunión, para garantizar el restablecimiento del orden.

Características de la medida:

• Control militar: Los militares se desplegaron en áreas urbanas y rurales clave para realizar controles en carreteras, retenes y patrullajes.
• Operativos conjuntos: Se llevaron a cabo operativos entre la Policía y las Fuerzas Armadas en sectores con alta incidencia criminal, como puertos, aeropuertos y barrios conflictivos.
• Lucha contra el narcotráfico: Se reforzaron los controles fronterizos y se incrementaron los operativos contra redes de narcotráfico, logrando decomisos significativos de sustancias ilegales.
• Intervenciones penitenciarias: Dado el control que ejercen las bandas desde las cárceles, el Estado también intervino en centros penitenciarios para incautar armas, teléfonos y drogas.💻

Razón de la intervención:
En 2021, Ecuador experimentó un aumento del 78% en la tasa de homicidios con respecto al año anterior, impulsado por enfrentamientos entre bandas criminales como los "Choneros", "Lobos" y "Tiguerones". Estas bandas, vinculadas a carteles internacionales, competían por controlar las rutas del narcotráfico en zonas estratégicas, lo que generó un incremento de la violencia en calles, cárceles y fronteras.

Entre 2021 y 2024, el Estado ecuatoriano implementó varias acciones para enfrentar la creciente inseguridad y el crimen organizado. Una de las medidas más destacadas fue la declaración de estados de excepción en diversas ocasiones, permitiendo la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restaurar el orden público.

Por ejemplo, en enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción a nivel nacional debido a una grave conmoción interna y la existencia de conflicto armado interno. Esta medida buscaba que las Fuerzas Armadas respaldaran a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana.

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Posteriormente, en octubre de 2024, se decretó otro estado de excepción que incluyó a Quito y otras seis provincias: Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena y Orellana, además del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta decisión se tomó para continuar la lucha contra las bandas criminales, catalogada como "conflicto armado interno".

Cadena SER

Estas acciones reflejan la estrategia del Estado ecuatoriano para enfrentar la crisis de seguridad nacional mediante la implementación de estados de excepción, permitiendo una respuesta más contundente frente a la violencia y el crimen organizado.